Pintoresca la excursión del camión militar que ingresó irregularmente a Arica con 20 soldados y un coronel peruano. Sabemos que un sargento de Carabineros estaba a cargo del complejo fronterizo de Chacalluta, única vía terrestre habilitada entre Perú y Chile, con decenas de funcionarios. Lo que no sabemos es quiénes estaban vigilando el ingreso en el resto de la frontera.
El policía, cuyo nombre se mantiene en reserva -presumo, por razones de seguridad nacional-, es el único sumariado por este acontecimiento. Injustamente, se le reprocha su encomiable iniciativa de asumir el control total de la situación y, sin más, dejar que el convoy regresara raudo al Perú, tan libremente como había entrado.
Sensato y diligente el carabinero. Inútil hacer frente al destacamento comandado por el coronel, que pudo haber llegado, inadvertidamente, con su regimiento completo. Imposible apresar e incautar el armamento. Circunspecto el sargento: evitó un incidente diplomático. Ahora viene el pago de Chile: sumariado y en el anonimato. Probablemente pensó que no se merecía hacer alharaca y que, con la vía libre, el bochorno pasaría desapercibido. Después se dieron los avisos burocráticos al coordinador del complejo aduanero, al cónsul peruano, a Policía Internacional, al SAG, al gobernador, al general de Carabineros y al de Ejército, de Arica y de ahí para abajo y para arriba. Todo esto de acuerdo con los reglamentos.
Total, la infracción estaba en otra parte y en otros manuales: en el hito 19, lugar de entrada de los militares, y en la cartilla de procedimientos fronterizos, convenida durante el gobierno del Presidente Pinochet y el anterior de Alan García. Ahí está clarito, incluso con mapas, que los contingentes armados no pueden acercarse a ciertas distancias del límite, y que las maniobras en zonas fronterizas deben comunicarse por escrito y con cierta anticipación a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de los dos países. Velar por esos procedimientos no era responsabilidad del juicioso sargento. El problema no es la salida, sino el ingreso irregular al país. Esta vez fueron soldados, pero lo frecuente son miles de indocumentados y algunos narcotraficantes.
Como en Chile todo se sabe, el ministro de RR.EE. pidió explicaciones al Perú. Otro bochorno: a la Cancillería no se le había informado que los militares y el gobernador habían dado por superado el incidente. Es difícil coordinarse en Chile. Eso lo tienen claro los excursionistas uniformados, que celebrarán de por vida su experiencia, intrigados por la falta de control en la frontera y por la discusión limítrofe en la Corte de La Haya.