Ya viene el Viejito a arreglar el SIMCE
Gonzalo Vial
El Viejito no traerá, como Uds. pudieran creer, una subvención escolar que no sea, como hoy, sólo la MITAD del MINIMO NECESARIO y la CUARTA PARTE de lo que cobra el colegio pagado más barato. Tampoco traerá un director de establecimiento municipal que tenga ALGUNAS facultades respecto a sus profesores, ni un profesor de esos establecimientos que tenga ALGUNAS facultades respecto a sus alumnos. Ni traerá planes ni programas medianamente sensatos.
Sería demasiado pedirle al Viejito.
Pero, en cambio, vendrá en su bolsa de regalos el “acuerdo educacional”... CINCO organismos “públicos” (léase: estatales) para controlar la enseñanza, en vez de los dos antiguos: Consejo Superior de Educación y ministerio del ramo, ahora reforzados y con mayores atribuciones: Superintendencia; Agencia de Calidad para la básica y media; y la flamante CNA (Comisión Nacional de Acreditación) para la superior. ¿Cómo no van a mejorar el SIMCE y nuestra enseñanza, con cinco enjambres de burócratas, en vez de dos, persiguiendo a todos quienes educan?
Y además de este gran regalo, el Viejito traerá innumerables baratijas, chucherías y lucecitas para colgar del árbol de pascua: reglas y disputas sobre “selección” y sobre “lucro” y sobre “sostenedores” y sobre “consejos” variados, y maletines literarios, y computadores buenos para los niños buenos y regulares para los demás, y “palms”, y pizarras electrónicas, y “programas” estatales de educación sexual, obesidad infantil, antiviolencia, enseñanza del chino mandarín, etc., etc.... ¡una fiesta!
Optimismo, pues. Llevamos 17 años de régimen militar y 18 de Concertación, y cada vez los niños y jóvenes saben menos. Pero ¡arriba los corazones! La esperanza debe ser lo último que muera. ¡Hasta el SIMCE 2009!
NO PUEDE SER CIERTO. En los juicios de derechos humanos, los jueces suelen procesar invocando como delito el “secuestro continuado”, para sortear el escollo de la amnistía de 1978, y/o de la prescripción por el tiempo trascurrido. Su argumento es que, no constando en autos la muerte —ni por tanto su fecha—, no pueden declararla ni menos dictaminar si se hallaría amnistiada o prescrita o ambas cosas. Argumento discutible, pero defendible.
Pero la ministra porteña que procesó a seis ex oficiales de la Armada por el secuestro permanente de Michael Woodward, ocurrido el año 1973, ha ido más allá. Según la columna de Hermógenes Pérez de Arce (El Mercurio, 21 de mayo), el procesamiento ha dicho, textualmente, que Woodward “fue privado de su libertad de desplazamiento, MANTENIENDOSE BAJO DETENCION O ENCIERRO EN RECINTOS DE LA ARMADA, LO QUE SE HA PROLONGADO DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1973 HASTA LA EPOCA ACTUAL”.
No puede ser. Tiene que haber un error de copia. La ministra no puede haber dicho que Woodward lleva treinta y cinco años encerrado, que se halla HOY encerrado, en un recinto de la Armada. Y no puede haberlo dicho porque: a) es una locura, y ni las ministras ni los ministros de Corte suelen estar locos, y b) porque, de ser efectivo el párrafo transcrito, la Corte Suprema —que se ha preocupado en pleno de este asunto, y por ende tiene que haber leído el fallo— habría dispuesto de oficio la corrección del disparate.
Seguramente la Suprema se molesta por el bajo índice de confianza en ella y la justicia que arrojan las encuestas. Sucede así por cosas como la que comentamos (de ser ésta cierta).
ARGUMENTOS QUE NO VALEN NADA. El fallo del Tribunal Constitucional sobre la píldora del día después sigue motivando argumentos críticos sin sustancia, pero que quizás —de tanto repetirse— engañen a más de uno.
Lo que dice el fallo es que hay antecedentes de peso tanto en favor de ser abortiva dicha píldora, como en favor de no serlo, y que existiendo esta duda —y siendo en Chile el aborto inconstitucional e ilegal, y además un delito— el Estado no debe distribuir el fármaco.
Ante lo que precede:
1. Una “escuela de pensamiento” sostiene que no es justo que las mujeres ricas dispongan de la píldora porque pueden pagarla, y las pobres no tengan acceso a ella porque les es imposible solventar su costo. Lo han dicho, recientemente, el alcalde de Santiago y la “animadora joven-estrella” del canal católico. La última, además, expresó su aprobación al divorcio y al matrimonio de homosexuales. Pero no importa, aclaró el Trece, pues lo dijo “por otro canal”, consideración de notable sabiduría.
Pero lo que nos interesa es la inconsistencia del argumento. Es el Estado el que, conforme al fallo del TC, no debe poner su organización y recursos al servicio del consumo de un fármaco que es posible (y hay opiniones de categoría que lo afirman) sea abortivo. Que pudiera hacerlo para equilibrar en ese consumo —reprensible por posiblemente inconstitucional, ilegal y delictual— a las “pobres” con las “ricas”, es lo mismo que sostener que el Estado debiera proporcionar a las primeras abortos gratuitos de primera categoría médica, porque las segundas se los pueden pagar ellas mismas. Además, un fármaco declarado de esa riesgosidad —declaración emanada del único organismo facultado para hacerla— simplemente no debiera circular legítimamente, ni para ricas ni para pobres, en un país y un Estado serios, mientras no se aclaren las cosas
2. La Presidenta, durante su mensaje anual, anunció que se proporcionará fondos públicos a los alcaldes para que, según decisión de cada uno, repartan o no la píldora.
Las municipalidades y los alcaldes son órganos del Estado, tanto como el Ministerio de Salud. Si el TC ha prohibido al ministerio, por ser inconstitucional, la distribución de la píldora, ¿cómo van a poder hacerla OTROS organismos del mismo Estado? Es reírse del Tribunal, del Estado de Derecho y del sentido común. Pero la Presidenta fue más allá: agregó que cada alcalde verá “si decide por las personas o deja que éstas decidan. Que el país juzgue”.
Las personas no pueden “decidir” tomar un fármaco que ha sido declarado potencialmente abortivo, y de modo grave, por el Tribunal que debe calificar esa potencialidad y gravedad. Hay un delito posible de por medio, que afecta la vida misma de un tercero indefenso, la creatura humana ya concebida. Nadie “decide” si corre el riesgo —que advierte expresamente el Tribunal— de matarla, como nadie “decide” correr el riesgo de matar terceros pasando deliberadamente con su automóvil una luz roja. No se tiene ese derecho a decidir. Y agregar “que el país juzgue” (aparte su retintín electorero), tampoco es propio. El país no juzga sobre arriesgar la vida de un ser humano; tampoco le asiste ese derecho. El corresponde exclusivamente a los tribunales, y uno de ellos —aquel que sienta los fundamentos constitucionales de las “decisiones” y de los “juzgamientos”— ya ha hablado... y no favorablemente para lo que pretende y anuncia la Presidenta.
¡A LA LUCHA! Como siempre, la decisión de la Presidenta que acabamos de comentar no ha sido consensuada, ni aún consultada previamente con nadie. Por ejemplo, no han intervenido el Congreso, ni los partidos de la Concertación... ni siquiera el principal de ellos, la Democracia Cristiana, que tiene principios involucrados en el tema, y que sobre esto se sigue haciendo la loca. Ha sido, de nuevo, una de tantas políticas reproductivas resueltas entre cuatro paredes por la “pandilla” que, desde el Ministerio de Salud, maneja esas políticas sin oír a nadie. Pandilla que, inmemorialmente, hace lo que quiere, convenciendo a sus superiores, o si no puede, bypaseándolos.
Afortunadamente, va cundiendo la idea de que las políticas estatales, que afectan a la vida reproductiva y al crecimiento de la población, no pueden ser resueltas así, merecen un tratamiento más amplio y serio. Y de este modo un prestigioso columnista de El Mercurio, muy crítico del fallo del TC, escribió sin embargo el 13 de abril:
“Llega entonces la hora de las mayorías. No de la mayoría del tribunal, sino la mayoría de veras: la de los ciudadanos adultos que deben deliberar (para eso existe el Congreso) acerca de cómo distribuir los riesgos e incertidumbres de la vida humana”.
Convendremos en que, si no basta la mayoría de un tribunal establecido por la Constitución, pronunciándose sobre materias de su competencia, tampoco bastará el criterio de la “pandilla”, ni siquiera endosado por la Presidenta.
Es la “hora de las mayorías”. Tenemos líder, disconforme con el fallo del TC y al cual no puede imputársele carecer de criterio propio y obedecer “a su pastor”. Seguramente está muy molesto ante el anuncio presidencial. El nos encabezará. ¡A la lucha
