Un poco de prudenciaJuan Andrés Fontaine
El discurso presidencial omitió la rebaja en la meta de superávit estructural para el próximo año y la eliminación de las cotizaciones de salud de los jubilados, medidas ansiosamente esperadas por dirigentes políticos de la coalición de gobierno. Puede sonar extraño que, en presencia de un enorme superávit fiscal —de 8% del PIB en los últimos 12 meses— y en la expectativa de acumular en el exterior ahorros por más de US$ 30.000 millones a fines de año, el predicamento siga siendo la austeridad fiscal. Especialmente, cuando hay apremiantes necesidades en la población, derivadas por ejemplo del alza inclemente de los combustibles. Si el invierno pasado el frío se vivió en las interminables colas que creó el funesto Transantiago, este año llegará además a las casas, imposibles de calefaccionar apropiadamente debido a los exorbitantes costos de la parafina y el gas licuado.
Pero, la situación fiscal es menos holgada de lo que parece. Los ingresos fiscales están favorecidos por factores extraordinarios. Desde luego el cobre, cuyo altísimo precio actual, de acuerdo a los expertos, debe paulatinamente descender en los próximos años. Mientras tanto, suben inexorablemente los costos de Codelco, cuyo modo de administración “no da para más”, como plantearon 20 expertos esta semana, entre los que me incluyo. Por eso es sensata la práctica vigente de calibrar el presupuesto de acuerdo al precio del cobre en el largo plazo, prudentemente estimado en poco menos de US$ 1,4 por libra. Hay quienes creen que esta estimación es timorata y pueden tener razón. De hecho, el comité de expertos a cargo de emitir la correspondiente recomendación para el presupuesto fiscal 2009, es muy posible que considere un incremento. Pero, las perspectivas de rápido crecimiento en la actividad económica mundial y consiguiente aumento de la demanda de cobre, están amenazadas por el resurgimiento de la inflación en el mundo. Ya no es el fantasma de la Gran Depresión el que ronda en los mercados —como ocurrió tan sólo unos meses atrás por efecto de la crisis hipotecaria norteamericana— sino el posible retorno de la Gran Inflación de los años setenta. Bienvenida sea, entonces, la prudencia en los pronósticos del cobre y los cálculos fiscales.
Hay otros factores extraordinarios que abultan los ingresos estatales en los primeros meses del año. La recaudación tributaria está anormalmente alta gracias a la expansión del gasto privado, especialmente en importaciones y correspondiente acumulación de inventarios. Pero, la contención de la inflación exigirá inevitablemente enfriar la demanda interna. Otro factor es el fuerte incremento de las llamadas “rentas de la propiedad” que registra el fisco en el primer trimestre. Allí se incluyen los intereses obtenidos sobre los ahorros depositados en el exterior, los cuales no se reportan pormenorizadamente. Este trimestre su magnitud excede lo que cabe esperar por dicho concepto. Si al gobierno se le exigiese un “análisis razonado” de sus resultados, como éste requiere de las sociedades anónimas abiertas, conoceríamos en detalle el origen de esta importante partida. Todo hace pensar que se trata de un ítem extraordinario.
Mientras tanto el gasto público está creciendo muy fuerte. En su componente presupuestario subió un 14% real en el primer trimestre sobre igual período del año anterior. Es cierto que la ley vigente contempla una importante moderación del gasto en términos reales durante el resto del año. Ello de debe a que no se consideró la elevada inflación reinante y las partidas presupuestarias están fijas en términos nominales. Sin embargo, es probable que surjan diversas iniciativas de reajustes de gastos para paliar ese efecto.
Desde ya, es inminente el anuncio de un paquete de medidas para ayudar a hacer frente al alza de los combustibles, el que ya se anticipa será “radical”. En verdad, ya son sustanciales los gastos que están demandando los subsidios vigentes y no parecen ellos estar incluidos en las cifras de gasto público aludidas. El más importante es el subsidio a los combustibles vendidos por Enap —gasolina, principalmente—, los cuales están sujetos a un mecanismo de estabilización que carece de reglas estables y transparentes. Otro subsidio afecta a las importaciones de combustibles, principalmente el diésel. El primero es más generoso que el segundo, por eso, el diésel ha recogido más rápido que la gasolina las alzas internacionales del petróleo y los camioneros, entendiblemente, piden más ayuda. Pero el gasto correspondiente —que no estaba presupuestado— es ya muy alto y puede rondar los US$ 400 millones en el primer semestre del año. Otros costos fiscales no presupuestados son la rebaja del impuesto a las gasolinas y las pérdidas del Transantiago. Éstas últimas se estiman en cerca de US$ 500 millones para el año completo y no se registran como gasto fiscal sino como crédito. Todos sabemos, sin embargo, que reflejan el subsidio que por razones entendibles, pero estrictamente políticas, se está otorgando al transporte público. Salvo que haya ingresos estructurales adicionales, estos gastos no presupuestados —cuya suma supera el 0,5% del PIB— deja en serias dudas el cumplimiento de la meta del superávit estructural.
No sabemos con qué “medidas radicales” vaya a sorprendernos próximamente el gobierno. Es atendible la angustia de las familias de escasos recursos ante el alza de los combustibles y justificable que reciban un alivio fiscal. Pero, el espacio para drásticas rebajas en los impuestos a los combustibles o masivos subsidios por la vía de los fondos de estabilización parece estar hoy muy acotado. Por cierto, podría reconsiderarse la regla fiscal vigente y abrir espacio a un mayor gasto público. Pero cualquier modificación que se contemple debe tomar en cuenta las limitaciones macroeconómicas presentes. Específicamente, la disminución de nuestro ritmo de crecimiento potencial, la fuerte expansión de la demanda interna, la persistente alza de las expectativas de inflación, el riesgo de apreciación excesiva del peso si el Banco Central debe ajustar una vez más la tuerca monetaria. En suma, haría bien el ministro Velasco en hacer ver una vez más el valor de la prudencia.
